En este artículo, exploraremos la fascinante vida de Diputación Foral de Guipúzcoa, un personaje que ha dejado una huella imborrable en la historia. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama, Diputación Foral de Guipúzcoa ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. A través de entrevistas exclusivas y material de archivo, examinaremos de cerca los momentos más destacados de la vida de Diputación Foral de Guipúzcoa, su impacto en la sociedad y su legado perdurable. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios y logros de Diputación Foral de Guipúzcoa, una figura que seguirá inspirando e intrigando a generaciones venideras.
Diputación Foral de Guipúzcoa | ||
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Localización | ||
País | España | |
Localidad | San Sebastián | |
Coordenadas | 43°19′15″N 1°58′58″O / 43.32091667, -1.98275 | |
Información general | ||
Sigla | DFG-GFA | |
Jurisdicción | Guipúzcoa | |
Tipo | Diputación Foral y Gobierno | |
Historia | ||
Fundación | siglo XIX | |
y https://www.gipuzkoa.eus Sitio web oficial | ||
La Diputación Foral de Guipúzcoa es el órgano de gobierno del territorio histórico de Guipúzcoa, País Vasco, España situado en el Palacio Provincial de Guipúzcoa, de San Sebastián. Además de las competencias ordinarias que ejercen las diputaciones provinciales de las restantes provincias de España, la Diputación Foral de Guipúzcoa ejerce competencias específicas derivadas de su naturaleza como territorio histórico del País Vasco, en virtud de su Estatuto de Autonomía.
El territorio de Guipúzcoa se incorporó a la Corona de Castilla en 1200, pero conservó sus propios fueros (derechos y privilegios locales) y órganos de autogobierno. A finales del siglo XIV (1397) las villas y comarcas guipuzcoanas establecieron una Hermandad General de Guipúzcoa, una asamblea supralocal permanente que asumió funciones judiciales, defensivas y de gobierno . De esta Hermandad surgieron las Juntas Generales de Guipúzcoa, reuniones periódicas de procuradores de las villas, que se convirtieron en la máxima autoridad política y judicial del territorio . Las Juntas Generales legislaban mediante ordenanzas forales y tenían potestades destacadas como el pase foral, por el cual podían acatar pero no cumplir en Guipúzcoa aquellas disposiciones de la Corona contrarias a los fueros , garantizando así la autonomía foral frente al poder real.
Con el tiempo, las Juntas Generales delegaron la ejecución de sus acuerdos en una Diputación. Inicialmente, los diputados eran simples comisionados nombrados para gestionar asuntos entre una junta y la siguiente, pero gradualmente este comité permanente fue adquiriendo más competencias ejecutivas . Es difícil fijar una fecha exacta de creación de la Diputación, aunque sus primeros pasos se rastrean hacia mediados del siglo XV. Hacia 1550, las Juntas Generales reunidas en Tolosa comenzaron a nombrar de forma regular a estos diputados, consolidando así a la Diputación como el órgano ejecutivo estable del territorio . Durante la Edad Moderna, la Diputación (subordinada a las Juntas) se encargaba de hacer cumplir los fueros, administrar los recursos propios (recaudación de tributos locales llamados fuegos o repartimientos), defender la provincia en caso de amenazas y coordinar milicias forales, todo ello bajo la supervisión de las Juntas Generales y en convivencia con la autoridad del corregidor (representante del rey en la provincia). Este régimen foral permitió a Guipúzcoa gozar de una amplia autonomía interna hasta entrado el siglo XIX.
El advenimiento del liberalismo en España puso en jaque el régimen foral tradicional. La Constitución de Cádiz de 1812 intentó sin éxito suprimir las estructuras forales, y tras la Guerra de la Independencia las provincias vascas recuperaron temporalmente sus derechos. Sin embargo, la división provincial de 1833 y las reformas liberales chocaban con la autonomía de Guipúzcoa, lo que contribuyó al estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1839). Los guipuzcoanos, en su mayoría, apoyaron a los carlistas en defensa de sus fueros. La guerra terminó con el Convenio de Vergara (1839), en el que el general isabelino Espartero prometió mantener los fueros vascos . Cumpliendo ese pacto, se aprobó la Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839, cuyo artículo 1º confirmó los fueros de las provincias vascongadas y Navarra, “sin perjuicio de la unidad constitucional” . Esto significaba que los fueros seguirían vigentes pero debían adaptarse al nuevo Estado liberal.
La ambigüedad de la ley de 1839 generó negociaciones y tensiones en las décadas siguientes. Navarra pactó en 1841 una reforma de su estatus (Ley Paccionada), pero Álava, Guipúzcoa y Vizcaya quedaron en situación indefinida. Durante ese período (1841-1876) Guipúzcoa conservó sus instituciones forales (Juntas y Diputación) y una amplia autonomía fiscal y administrativa. De hecho, el régimen foral mostró una “extraordinaria vitalidad” y se adaptó a los nuevos tiempos, fortaleciéndose en ciertos aspectos . No obstante, el liberalismo centralista veía los fueros como anomalías. Tras la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), en la que de nuevo los vascos fueristas se alzaron y fueron derrotados, el gobierno de Cánovas del Castillo decidió suprimir definitivamente el régimen foral. La Ley de 21 de julio de 1876 abolió los fueros de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava . En 1877 fueron disueltas las Juntas Generales y demás instituciones forales tradicionales de Guipúzcoa , integrando plenamente la provincia en el marco jurídico-administrativo español.
Esta abolición foral de 1876 supuso el fin de la soberanía fiscal y militar de Guipúzcoa (desde entonces los guipuzcoanos quedaron sujetos al servicio militar obligatorio y a los impuestos estatales), pero no eliminó por completo su autonomía administrativa. Como compensación, la Corona estableció en 1878 un régimen fiscal especial conocido como Concierto Económico . En virtud del Concierto, Guipúzcoa y las demás provincias vascas conservaron la potestad de recaudar sus propios impuestos y luego entregar una cuota al Estado. Este sistema concertado –una “autonomía económica” dentro de la unidad española– permitió a Guipúzcoa seguir gestionando sus recursos y necesidades locales de forma diferenciada . Asimismo, tras 1877 la Diputación Provincial de Guipúzcoa pasó a ser el órgano de gobierno del territorio, ya no subordinada a unas juntas abolidas, sino funcionando como una diputación al estilo del resto de provincias españolas. Durante la Restauración (último cuarto del siglo XIX), los miembros de la Diputación fueron elegidos (inicialmente mediante sufragio censitario y, desde 1890, sufragio universal masculino), reflejando en su composición el panorama político de la época . En Guipúzcoa, tras una primera etapa dominada por carlistas e integristas (ultracatólicos), la Diputación pasó a estar controlada mayoritariamente por los liberales-conservadores canovistas, aunque con presencia continua de tradicionalistas en la provincia .
Con la implantación del Concierto Económico en 1878, la Diputación Provincial de Guipúzcoa asumió un papel central en la administración y modernización del territorio. La institución podía legislar normas fiscales propias (dentro del marco acordado con el Estado) y gestionar los fondos recaudados, destinándolos a obras y servicios públicos en la provincia. Gracias a ello, en las décadas finales del siglo XIX Guipúzcoa experimentó un notable proceso de industrialización y modernización, a pesar de las guerras y conflictos internos sufridos . La Diputación impulsó la construcción de infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, apoyó la apertura de escuelas e instituciones culturales, y fomentó la economía local. Por ejemplo, invirtió en mejorar los caminos que conectaban las villas industriales y el puerto de Pasajes, y contribuyó a la extensión del ferrocarril del Norte y de los tranvías, facilitando el tráfico comercial en un territorio de orografía complicada. Estos avances materiales y científicos contrastaban con el mantenimiento o reinvención de ciertas tradiciones “típicas” vascas en el siglo XIX (como la imagen del caserío y la vestimenta popular), en cuyo cultivo también participó la élite foral .
El Concierto Económico dio estabilidad financiera a Guipúzcoa y se convirtió en la piedra angular de su autogobierno provincial hasta el siglo XX. La Diputación defendió celosamente este privilegio fiscal frente a intentos del Estado de reducirlo. Un ejemplo fue la llamada “guerra del vino” de 1934, conflicto originado por diferencias impositivas en el comercio vinícola, en el que la Diputación guipuzcoana se enfrentó al gobierno central para preservar sus competencias tributarias . Políticamente, la Diputación durante la Restauración actuó como gobierno local pero bajo la órbita del Estado central: coexistió con la figura del Gobernador Civil (representante del gobierno español), y aunque gestionaba asuntos propios (beneficencia, caminos, cultura), sus decisiones debían respetar la legalidad estatal ordinaria (al ya no existir un fuero legislativo provincial).
En las primeras décadas del siglo XX, Guipúzcoa continuó su desarrollo económico. La Diputación apoyó la creación de polígonos industriales y la llegada de inversiones (por ejemplo, facilitando la instalación de empresas siderúrgicas y la electrificación, lo que atrajo capital extranjero) . También protegió la agricultura local mediante juntas agropecuarias y creó servicios sociales pioneros (como la Casa Cuna de Fraisoro para expósitos en 1914). Sin embargo, la inestabilidad política española impactó a la institución: la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) suspendió las elecciones provinciales y sustituyó a los diputados por una Comisión Gestora nombrada desde Madrid , marginando a las fuerzas políticas locales. Al caer la dictadura, se restauró brevemente la normalidad institucional.
Con la llegada de la Segunda República (1931), Guipúzcoa aspiró a recuperar un autogobierno más amplio en conjunto con las otras provincias vascas. Si bien se promulgó la Constitución republicana, no se convocaron elecciones para renovar las diputaciones provinciales. En su lugar, el Gobierno republicano decidió nombrar directamente a vocales afines (republicanos y socialistas) al frente de la Diputación guipuzcoana , temiendo que unos comicios libres dieran la victoria a candidatos tradicionalistas opuestos al nuevo régimen. Entre 1931 y 1936, por tanto, la Diputación estuvo presidida por republicanos-socialistas, lo cual facilitó la colaboración con el Gobierno central en iniciativas como el intento (fallido en 1934) de aprobar un Estatuto de Autonomía vasco. Tras las elecciones de febrero de 1936, que ganó el Frente Popular, la Diputación volvió a reflejar una mayoría de izquierdas y participó en la preparación de un nuevo proyecto de Estatuto autonómico. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 truncó estos planes.
Durante la Guerra Civil (1936-1939), Guipúzcoa fue frente de combates y cayó pronto en manos sublevadas. San Sebastián y la mayor parte del territorio guipuzcoano fueron ocupados por el ejército franquista en septiembre de 1936. Los miembros republicanos de la Diputación huyeron a zona leal (muchos se refugiaron en Bilbao) . En plena guerra, el Gobierno de la República llegó a aprobar el Estatuto del País Vasco (octubre de 1936), creando un Gobierno Vasco autónomo, pero Guipúzcoa ya no pudo participar en él por hallarse bajo control franquista. Finalizada la contienda en 1939, el nuevo régimen dictatorial de Franco impuso severas represalias contra las provincias vascas que habían apoyado al bando republicano. En 1937, mediante decreto, el régimen suprimió el Concierto Económico de Guipúzcoa y Vizcaya, acusadas de “provincias traidoras”. Desde ese momento, Guipúzcoa perdió su histórica autonomía fiscal por espacio de más de cuatro décadas (solo Álava y Navarra, consideradas “leales”, conservaron sus conciertos durante el franquismo).
Bajo Franco, la Diputación de Guipúzcoa continuó existiendo nominalmente como Diputación Provincial, pero privada de sus señas de identidad foral y sometida al poder central. Los diputados provinciales ya no eran elegidos democráticamente, sino designados por el régimen (generalmente entre personalidades afectas al Movimiento Nacional) . El presidente de la Diputación (llamado Gobernador en los primeros años y luego simplemente Presidente) era de hecho nombrado por el ministro de Gobernación. En la práctica, la administración de Guipúzcoa quedó supeditada al Gobernador Civil provincial, máxima autoridad franquista, y a las directrices de Madrid. Las competencias de la Diputación se redujeron a las funciones ordinarias de cualquier diputación provincial en España: mantenimiento de carreteras secundarias, beneficencia y asistencia social, cultura y patrimonio provincial, colaboración con los ayuntamientos, etc., siempre bajo la estrecha vigilancia del gobierno central. Cualquier asomo de foralidad estaba proscrito; las Juntas Generales seguían abolidas y el euskera, elemento cultural clave, fue reprimido en el ámbito oficial.
A pesar de estas limitaciones, la Diputación Provincial de Guipúzcoa acometió algunas obras públicas importantes durante el franquismo, especialmente en las décadas de 1950-60 en pleno desarrollismo. Por ejemplo, impulsó la construcción de la autopista Bilbao-Behobia (si bien bajo iniciativa estatal, la Diputación colaboró en expropiaciones y obras complementarias) y creó instituciones como el Instituto Provincial de Artesanía o el Conservatorio de Música de San Sebastián. Sin embargo, su papel político era nulo: el presidente y los vocales de la Diputación eran todos miembros del partido único franquista (FET y de las JONS) y carecían de legitimidad democrática. Cabe mencionar un hecho trágico al final del periodo: en 1976, ya fallecido Franco pero antes de la restauración foral, el presidente de la Diputación, Juan María de Araluce, fue asesinado por ETA . Este suceso marcó el fin simbólico de la era franquista en Guipúzcoa, ya en los albores de la Transición.
Durante todo el régimen franquista (1939-1975), por tanto, Guipúzcoa estuvo administrada por diputaciones provinciales sin autonomía política ni financiera propia . No fue hasta la muerte de Franco y la llegada de la democracia que los guipuzcoanos recuperaron sus instituciones forales históricas.
La aprobación de la Constitución española de 1978 abrió la puerta a la recuperación del autogobierno vasco. La Disposición Adicional Primera de la Constitución reconoció los “derechos históricos de los Territorios Forales”, sentando las bases legales para restaurar las antiguas instituciones forales dentro del Estado de las Autonomías. En el caso de Guipúzcoa, la Ley de Reintegración y Amejoramiento Foral del País Vasco (Estatuto de Autonomía del País Vasco, 1979) fue el instrumento que devolvió la legitimidad a la Diputación Foral y a las Juntas Generales del territorio . Antes incluso de la entrada en vigor plena del Estatuto, se constituyeron órganos preautonómicos: en 1978 se formó el Consejo General del País Vasco y en 1979 se convocaron elecciones para las Juntas Generales de cada provincia.
El 3 de abril de 1979 los guipuzcoanos eligieron democráticamente, por primera vez desde 1936, a sus representantes junteros . Pocos meses después, el 25 de octubre de 1979, fue ratificado en referéndum el Estatuto de Gernika, que en su artículo 25 reconocía a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya como Territorios Históricos con instituciones privativas (Juntas Generales con potestad legislativa foral y Diputaciones Forales con funciones de gobierno). De este modo, en 1979 se restituyó la Diputación Foral de Guipúzcoa como órgano ejecutivo propio, y el título de su presidente volvió a ser Diputado General . La Juntas Generales recuperaron su capacidad normativa en materias provinciales y fiscalidad, y eligieron al primer diputado general de la nueva etapa foral ese mismo año.
La transición foral no estuvo exenta de retos: hubo que reconstruir unas instituciones prácticamente desde cero, dotarlas de normativas modernas y coordinar su papel con el recién creado Gobierno Vasco autonómico. Uno de los hitos fundamentales fue la recuperación del Concierto Económico para Guipúzcoa. La ley 12/1981, de 13 de mayo de 1981, restableció el Concierto Económico para Álava, Vizcaya y Guipúzcoa , devolviendo a las diputaciones vascas la plena potestad para recaudar impuestos y acordar con el Estado el cupo (la contribución económica de la Comunidad Autónoma al Estado). Sin el Concierto, la autonomía vasca “sería cualitativamente inferior” (El Concierto Económico de 1981: un pacto y un acto de fe (I)); su recuperación fue, por tanto, piedra angular del nuevo autogobierno.
A partir de 1979, la Diputación Foral de Guipúzcoa asumió numerosas competencias: la gestión tributaria y financiera del territorio (Hacienda foral), obras públicas e infraestructura viaria secundaria, promoción económica y rural, medio ambiente, cultura y euskera, acción social (servicios sociales, atención a dependencia), etc. Estas atribuciones están recogidas en el Estatuto y desarrolladas por las leyes de Territorios Históricos. La Diputación se organiza internamente en departamentos dirigidos por diputados forales (equivalentes a consejeros) bajo la coordinación del Diputado General. Por ejemplo, actualmente existen departamentos de Hacienda y Finanzas, Movilidad y Ordenación del Territorio, Medio Ambiente (Sostenibilidad), Cultura, Gobernanza, Promoción Económica, Política Social, entre otros . La relación con el Gobierno Vasco se articula mediante mecanismos de colaboración: las diputaciones gestionan la recaudación fiscal y financian tanto sus presupuestos como una parte del presupuesto de la Comunidad Autónoma (mediante las aportaciones al Gobierno Vasco), coordinadas en el Consejo Vasco de Finanzas. Asimismo, las normas forales fiscales deben ser armonizadas entre los tres territorios, para lo cual existe una junta Armonizadora interinstitucional. En lo político, la Diputación responde ante las Juntas Generales de Guipúzcoa, que legislan en materias provinciales (tributos locales, patrimonio, régimen de administración municipal, etc.) y controlan la acción de gobierno foral.
La Diputación Foral de Guipúzcoa hoy es, por tanto, un gobierno territorial plenamente integrado en el marco autonómico vasco. Ejerce tanto las competencias comunes de cualquier diputación provincial española (cooperación municipal, obras locales, etc.) como las competencias singulares derivadas de su estatus foral histórico (principalmente, la potestad tributaria y financiera) . Esta singularidad foral hace que Guipúzcoa disfrute de un nivel de autogobierno muy elevado dentro de España, combinando la autonomía regional (a través del Gobierno Vasco) con la autonomía territorial foral. Tras más de 40 años de andadura democrática, la Diputación ha implementado políticas pioneras en participación ciudadana, innovación social y desarrollo sostenible. Un ejemplo reciente es el programa Etorkizuna Eraikiz (“Construyendo el futuro”), lanzado en 2016 para implicar a la sociedad guipuzcoana en proyectos estratégicos. Esta iniciativa de gobernanza colaborativa, liderada por la Diputación, ha sido reconocida por instituciones europeas como ejemplo de innovación social con resultados tangibles .
A continuación se presenta la lista cronológica de los Diputados Generales de Guipúzcoa desde la restauración foral en 1979 hasta la actualidad, indicando nombre, periodo en el cargo, afiliación política y algunos hitos de su gestión:
Al frente de la Diputación Foral se encuentra el presidente hasta 1976, y en 1979, durante la Transición española, pasó a llamarse Diputado General. Este es elegido por las Juntas Generales de Guipúzcoa.
¹ En el año 1976 fue asesinado por ETA, y el puesto quedó vacante hasta el año 1979.
² Murua llegó al cargo en 1985, a mitad de legislatura y sustituyendo a Ardanza que pasó a ser lendakari. Murua era miembro del sector crítico del PNV, sector que era mayoritario en Guipúzcoa, y entró como diputado General siendo formalmente miembro de dicho partido. Al año siguiente se integró en EA, partido formado por el sector crítico del PNV. Entre 1987 y 1991 Murua fue Diputado General elegido como candidato de EA.
³ PNV y EA acudieron coaligados a las elecciones de 2003. Txabarri es militante del PNV.