La censura en Venezuela se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. La ONG Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2017, ubica al país en el puesto 137 de 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente, afirmando que desde 2010 se realizan detenciones abusivas y juicios por difamación a periodistas.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) fue introducida durante la Revolución Bolivariana por el organismo CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela), encargada de la censura radiofónica y televisiva de una amplia gama de contenidos. La ley incluye artículos que han sido objeto de controversia política. La oposición dice que dicha Ley es una «Ley Mordaza» con la que el Gobierno ha censurado efectivamente cualquier información crítica a su gestión, además de restringir gravemente la libertad de expresión de los medios restantes.
La ONG Human Rights Watch estableció que «durante el Gobierno del presidente Chávez y ahora durante la presidencia de Nicolás Maduro, la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías sobre los derechos humanos han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos» e informó que los medios de radiodifusión pueden ser censurados si critican al Gobierno.
La ONG Reporteros sin Fronteras también dijo en 2013 que los medios de comunicación en Venezuela están «casi totalmente dominados por el gobierno y sus anuncios obligatorios, llamadas “cadenas”». Sin embargo, el gobierno dice que cerca del 70% de los medios, de ambos radio y televisión, están en manos privadas (opositoras a los Gobiernos de Chávez y de Maduro), mientras que solo el 5% de ellos son de propiedad estatal y el otro 25% son los medios comunitarios.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió la censura que sufrió el canal argentino TN en Venezuela, calificándola como un grave hecho de censura que agrava el deterioro democrático en Venezuela.
Con respecto a la censura de Internet, en el marco de las Manifestaciones en Venezuela de 2014, Reporteros sin Fronteras advirtió la «creciente censura en el servicio de Internet en Venezuela», entre las que se incluyeron las imágenes de la red social Twitter, la aplicación Zello, y el bloqueo al acceso a Internet en el estado Táchira al oeste del país.
En mayo de 2007, las controversias acerca de la libertad de prensa se exacerbaron aún más con la no renovación de la concesión por señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV). Un posterior artículo de Reporteros sin Fronteras declaró que «RsF condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no aceptar la apelación de RCTV ante la pérdida de su licencia como inadmisible». El presidente Chávez ya había dicho el 28 de diciembre del 2006 que él se opondría a la renovación de la licencia de transmisión de ese canal, acusándole de haber apoyado el momentáneo golpe de Estado que le derrocó brevemente el 11 de abril del 2002. La apelación, lanzada el 9 de febrero de 2007, fue rechazada el 18 de mayo, poniéndole así un freno a cualquier debate posterior al respecto.
Según el Gobierno de Chávez, la licencia expiró el 27 de mayo del mismo año, y no lo hará en el 2022 como RCTV alegó. Sin embargo, sin esperar a esa fecha o a una decisión relacionada por el Tribunal Suprema de Justicia, ya el presidente el 11 de mayo había firmado un decreto en el que asignaba la frecuencia del canal 2 a un nuevo canal gubernamental llamado TVES (Televisora venezolana social). La acción gubernamental generó protestas políticas y manifestaciones estudiantiles desde entonces. RCTV volvería a las operadoras de cable a través de la televisión por cable, en julio de 2007, con el nombre de RCTV Internacional. A comienzos del 2010, por una violación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Gobierno ordenó la suspensión de la señal de RCTV en las operadoras de televisión por cable del país. pero en junio del mismo año, retornó la señal de RCTV en los sistemas de satélites y en ese año, empezó a emitir en internet; con una programación infantil y juvenil.
El Gobierno de Venezuela bloqueó y censuró las señales internacionales del canal de noticias colombiano NTN24 el 12 de febrero de 2014, quitándola de los operadores de televisión por cable ordenada por CONATEL. El 10 de octubre de ese mismo año se bloqueó el acceso al portal argentino de noticias Infobae. En el 2017 el gobierno venezolano ordenó el bloqueo y censuró a la señal de CNN en Español después de un reportaje en donde se denunció el uso regular del pasaporte. en respuesta el gobierno venezolano señaló que "El procedimiento administrativo sancionatorio y la consecuente medida preventiva de suspensión y salida inmediata de las transmisiones de CNN en Español del territorio nacional no responde a un acto de censura, pero obedece a la abierta transgresión de la legislación venezolana por parte de esta empresa de comunicación, por el contrario". También el 15 de febrero del mismo año se sacó de operadoras de televisión por cable la televisora mexicana TV Azteca. El hecho fue condenado por organismos internacionales, la oposición venezolana y gremios internacionales de medios de comunicación. El 10 de abril de 2017, entre protestas antigubernamentales, el canal Todo Noticias de Argentina, fue retirado de la programación en todo el territorio venezolano. El 24 de agosto de ese mismo año, CONATEL sacó del aire a Caracol TV y a RCN Colombia.
Bloqueo de CNN en EspañolA comienzos de febrero de 2017, CNN y CNN en Español lanzaron la nueva serie de investigación Passports in the Shadows (Pasaportes en las sombras) que reveló varias irregularidades relacionadas con la emisión de visas y pasaportes venezolanos. Además, se sugirió que la expedición de pasaportes y visados tuvo vínculos estrechos con personas sospechosas de participar en actividades terroristas. Se reveló en un documento confidencial que el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, tenía vínculos con 173 personas de países del Medio Oriente, incluyendo individuos vinculados a Hezbolá con todos de ellos, que habían recibido pasaportes e identificaciones venezolanas.
El 15 de febrero de 2017 el gobierno venezolano ordenó a muchos de los proveedores de televisión por cable cortar la señal de la cadena estadounidense. Según el Director de la Comisión Nacional de Telecomunicación Andrés Eloy Méndez como responsable, la televisora estadounidense "incita al odio religioso, racial y político, la violencia y otros asuntos". El organismo gubernamental ordenó a las empresas de televisión cortar la señal de CNN en Español en ese instante. El organismo gubernamental no ha respondido la pregunta de que si la cadena estadounidense será admitida de nuevo. Andrés Eloy Méndez leyó una proclamación, profundizando que los informes de CNN "desacreditan y deforman la verdad de la misma manera que amenazan la paz y la estabilidad democrática de Venezuela como la mayoría de ellos generan un clima de intolerancia."
Otros sociólogos y políticos lo ven como un acto autoritario y dictatorial mero.
Bloqueo a Caracol Televisión y RCN TelevisiónDesde el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en el año 2015, se retiró las señales nacionales de RCN Televisión y Caracol Televisión en los estados Zulia, Táchira y Apure, a pesar de la población colombo-venezolana en la frontera.
La noche del miércoles 23 de agosto de 2017, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) le ordenó a las operadoras de televisión por cable de Venezuela sacar del aire a los canales colombianos Caracol Televisión y RCN Televisión sin alguna explicación oficial por el régimen de Nicolás Maduro, se presume que la primicia de la huida de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz de Venezuela a Colombia y sus polémicas declaraciones que invocan al gobierno venezolano del escándalo del Caso Odebrecht fueron las razones principales por las que el gobierno venezolano ordenó a Conatel cortar la señal de estos canales en el territorio venezolano.
En 2017 el canal Az Mundo es sacado de las cableoperadoras debido a la finalización del contrato entre Conatel y los canales de TV Azteca esto también afecto a sus canales hermanos (Az Clic, Az Corazón y Az Cinema). En abril de ese año también son sacados de la programación los canales Todo Noticias y El Tiempo Televisión, debido a que estos dos canales cubrían las manifestaciones a favor y en contra del gobierno en ese año, por lo que Conatel ordenó sacar su señal en DirecTV (Canal 716 y Canal 773 respectivamente) en DirecTV ya que era el único operador del país en contar con ambos canales.
En 2018 Conatel saca del aire al canal CNN Chile en DirecTV (Canal 707) en este operador debido a que DirecTV era el único cableoperador que contaba con dicha señal, el motivo de la censura no está confirmado.
En febrero de 2019 Conatel ordena sacar las señales de National Geographic, Antena 3 Internacional y VH1 HD por la cobertura del concierto "Venezuela Aid Live" (Las dos primeras señales regresaron en mayo y octubre respectivamente) mientras que VH1 HD regresó en 2020. También en ese mismo mes fue sacado la señal de TV Chile por la cobertura de la "Ayuda Humanitaria" desde Cúcuta.
En abril de este año fueron sacadas las señales de CNN Internacional y BBC World News por cubrir las manifestaciones del 30 de abril aunque sus señales fueron restablecidas dos meses después. En ese mismo mes también fue sacado el canal DW Español durante la transmisión del documental "Venezuela la huida de un estado fallido" luego de concluir dicho documental la señal regreso al país.
El 25 de junio del 2023 en las cable operadoras sacan a la señal latinoamericana de TBS. Ésta medida hizo evitar que llegue las cableoperadoras al canal TNT Novelas debido a la ley de responsabilidad social de radio y televisión que se ha especulado que dicha ley, aprobada en Venezuela en 2007, podría haber sido un factor determinante. Esta ley establece restricciones a la programación televisiva, incluyendo la cantidad de contenido extranjero que puede transmitirse. Es posible que Warner Bros. Discovery haya considerado que cumplir con estas restricciones en Venezuela hubiera sido demasiado costoso o complicado.
El 30 de octubre de este año en las cable operadoras sacan a la señal latinoamericana de TruTV, para que su lugar a un nuevo canal Show Bussiness the Channel. Ésta medida hizo evitar que llegue las cableoperadoras al canal Adult Swim Latinoamérica debido a la ley de responsabilidad social de radio y televisión que regula los contenidos de la programación.
El 4 de marzo del 2024 el gobierno de Nicolás Maduro ordena a Conatel retirar al canal alemán DW Español por supuestamente de dar una publicación de la corrupción en Venezuela y a considerar por ser "canal nazi".
El 8 de enero de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro siguiendo con la censura, envió a la comisión de Conatel que llegó a la sede de VPItv en Caracas se llevó los equipos del medio de comunicación, estuvo dedicada a transmitir en vivo a la Asamblea Nacional de Venezuela durante sus sesiones entre el periodo de 2015 al 2020 El 13 de enero VPItv anunció que dejaba de operar por falta de equipos
La censura a medios se han visto agravadas debido a restricciones en la conexión de los usuarios debido a fallas en la infraestructura de tecnológica a lo largo del territorio nacional, pero también han sido creados mecanismos de censura implementados por proveedores de Internet públicos y privados contra los principales portales de noticias. Algunos canales en donde fue registrado bloqueo fueron:
Canal | Año de Censura | Motivo |
---|---|---|
NTN24 | 2014 | Transmisión de manifestaciones contra el gobierno |
CNN en Español | febrero de 2017 | Investigación de pasaportes ilegales |
Az Mundo | febrero de 2017 | Transmisión de protestas opositoras |
Todo Noticias | abril de 2017 | Transmisión de protestas opositoras |
El Tiempo Televisión | abril de 2017 | Transmisión de protestas opositoras |
Caracol Internacional | agosto de 2017 | Cobertura de la exfiscal general Luisa Ortega en Colombia |
RCN Nuestra Tele | agosto de 2017 | Cobertura de la exfiscal general Luisa Ortega en Colombia |
CNN Chile | junio de 2018 | Transmisión de información contraria al gobierno |
Canal 24 Horas | enero de 2019 | Transmisión del proceso de ayuda humanitaria en la frontera |
TV Chile | febrero de 2019 | Reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó |
Antena 3 Internacional | febrero de 2019 | Transmisión de Venezuela Aid Live, regresó en octubre de 2019 |
National Geographic | febrero de 2019 | Transmisión de Venezuela Aid Live, regresó en mayo de 2019 |
VH1 HD | febrero de 2019 | Transmisión de Venezuela Aid Live, regresó al año siguiente |
CNN International | abril de 2019 | Cobertura de las manifestaciones del 30 de abril, regresó en julio de 2019 |
BBC World News | abril de 2019 | Cobertura de las manifestaciones del 30 de abril, regresó en julio de 2019 |
DW Español | 2019 y 2024 | Documental "Venezuela - La huida de un Estado fallido" y reportaje sobre el Cártel de los Soles |
Telearuba | 2019 | Reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó |
TeleCuraçao | 2019 | Reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó |
TBS Latinoamérica | junio de 2023 | Transmisión de contenido considerado inapropiado por el gobierno |
TruTV Latinoamérica | octubre de 2023 | Reemplazado por Show Business The Channel |
América Network | 2010 | Difusión de contenido considerado crítico al gobierno |
Ritmo Son | 2010 | Difusión de contenido considerado crítico al gobierno |
Momentum | 2010 | Difusión de contenido considerado crítico al gobierno |
América TV | 2010 | Difusión de contenido considerado crítico al gobierno |
Fuentes: El Diario, ed. (5 de marzo de 2024). «Los canales internacionales que han sido sacados del aire en Venezuela». El Pitazo, ed. (5 de marzo de 2024). «Estos canales internacionales han salido del aire durante el gobierno de Maduro». Aporrea, ed. (7 de marzo de 2024). «14 canales internacionales fuera del aire en Venezuela desde 2010, según el SNTP». Efecto Cocuyo, ed. (5 de marzo de 2024). «Sntp tras salida de DW: Desde 2010 han sacado 14 canales internacionales». Voz de América, ed. (5 de marzo de 2024). «Señal de Deutsche Welle sale del aire en Venezuela, gobierno de Maduro acusa al medio alemán de propagar odio».
Durante el año 2014 la prensa escrita sufrió problemas con su inventario de papel junto a otros de distribución nacional y regionales debido a que no se hacía entrega de la divisa para la compra de papel, teniendo que reducir su número de páginas, aunque algunos diarios tuvieron que parar su imprenta, en el caso de este nunca ocurrió ya que logró recibir ayuda del Grupo de Diarios América. Por otro lado el diputado Julio Chávez aseguró que a una cantidad de medios no se les liquidó las divisas por tener retrasos en los pagos de solvencias laborales.
La Asamblea Nacional, luego de una investigación, llegó a la conclusión que existiendo una gran importación de papel hecha por los medios impresos, los periódicos estaban reduciendo su tiraje y número de páginas.
Miguel Henrique Otero aseguró por entrevista a distancia -aprovechando la presencia de la asamblea general del SIP en Chile- que se dirigió en numerosas oportunidades al Complejo Editorial Alfredo Maneiro a solicitar servicio de venta papel, sin embargo, fue desmentido por el presidente del CEAM Hugo Cabezas.
El día 8 de enero de 2021 el Diario Panorama fue clausurado por cinco días. Otros tres medios de comunicación independientes Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El Pitazo fueron acusados por Globovisión de estar siendo financiados para actuar en contra el gobierno.
La empresa fue producto de las dificultades económicas y en el inventario de papel, por lo tanto el diario El Nacional dejó de publicarse los lunes y sábado a partir del 20 de agosto de 2018.
En 2015, Diosdado Cabello, mientras fungía como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, interpuso una demanda contra el diario El Nacional, Tal Cual y el portal web La Patilla. Esta acción incluía a accionistas, directores, consejo editorial y dueños de los mencionados medios de comunicación. La demanda fue porque estos medios lo acusaron de presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Tinedo Guía, presidente del Consejo Nacional de Periodistas de Venezuela, afirmó que “esta es una acción que busca asfixiar a los medios independientes, puesto que, metiendo presos a los propietarios de los mismos, no se solucionan los problemas que aquejan al ciudadano común”. Apenas unos días después de la demanda interpuesta por Cabello, la jueza 12.ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de los medios mencionados anteriormente, acusados de difamación agravada continuada.
En abril de 2021 un Tribunal civil sancionó al Diario El Nacional con un pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), por la demanda de agosto de 2015 por reeditar un artículo del diario ABC de España del testimonio de Leamsy Salazar quien acusaba a Diosdado Cabello de vínculos con el narcotráfico, el abogado solicitó se explique como habían determinado ese monto "cantidad que nunca fuera demandada ni manejada dentro de juicio (...) sin explicar de modo alguno el cómo se determina la cifra a pagar como indemnización" El Nacional recurrirá a Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
El 14 de mayo de 2021 los tribunales procedieron al embargo del edificio del diario El Nacional para presionar el pago de la demanda de Diosdado Cabello
La Organización de Naciones Unidas (ONU), el 29 de junio de 2012, a través de la resolución A/HRC/32/L.20 expuso el acceso al Internet como un derecho fundamental, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se refiere a la libertad de expresión como "la piedra angular de la democracia".
Debido a la gran influencia de medios digitales en Venezuela, como redes sociales, portales y páginas web informativas a grandes escalas, estas se han posicionado como grandes herramientas para el acceso a la información y la libertad de expresión debido a que se expuso que hay una hegemonía comunicacional por parte los principales medios de comunicación en radio y televisión. Debido a las diferentes situaciones sociopolíticas que ha enfrentado el país en el año 2017, muchos han sido los ciudadanos que acudieron a los medios de comunicación digitales para el libre acceso a la información y ejercer su derecho de libre expresión, así que el gobierno junto con los entes reguladores de los medios de comunicación recurrieron a implementar nuevos mecanismos legales que pretenden limitar el derecho a la información y a la libre expresión, como la ley resorte y la ley contra el odio.
Bloqueos temporales o permanentes de HTTP, ataques DDoS, Filtrados SNI y bloqueos de DNS, son las acciones o intentos de censura que el gobierno nacional implementa para regularizar o controlar el acceso a la información.
Para enero de 2019, el gobierno nacional había bloqueado decenas de páginas web en Internet, incluyendo a:
En la tarde del 12 de enero de 2019, el observatorio de Internet NetBlocks recolectó evidencia técnica del bloqueo de todas las ediciones de Wikipedia en Venezuela. Las restricciones fueron implementadas por CANTV, el proveedor de telecomunicaciones más grande del país. NetBlocks identificó una interrupción importante de la red afectando a la infraestructura de telecomunicaciones, que coincidió con otras restricciones afectando la capacidad de los venezolanos para acceder a la información en las 24 horas previas. Se cree que la causa es un intento de suprimir el artículo de Wikipedia del recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, que lo incluía como "51.° Presidente de la República Bolivariana de Venezuela". La información recolectada también muestra varios sitios web que recientemente habían sido restringidos, significando que la reciente inestabilidad política en el país puede ser la causa principal de un régimen mayor control del Internet.
Violaciones a sus derechos humanos en 2022El 17 de octubre de 2022, Óscar Costero, reconocido wikipedista, se presentó en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) en Caracas, tras enfrentar dificultades en línea para renovar su pasaporte. Lo que parecía ser un mero trámite administrativo se convirtió en una serie de violaciones de derechos humanos.
A su llegada, se le informó de una supuesta "prohibición de salida del país". Una funcionaria, que no quiso identificarse, lo mantuvo en espera durante horas y finalmente le obligó a firmar una declaración indicando que estaba siendo investigado y que no había sido maltratado durante su estancia en Saime. Esta situación escaló rápidamente cuando, sin previo aviso, fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y trasladado para ser interrogado.
Las interrogantes giraron en torno a su vida personal, finanzas y su vinculación con Wikimedia, así como su relación con Santiago De Viana, editor en temas políticos en Wikipedia. Se reveló que De Viana había sido blanco de difamación, acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico. En esta difamación, también se mencionó a Costero.
Esta serie de eventos se relaciona con una persecución que comenzó después del apagón de 2019, intensificándose hacia finales de ese año contra Costero, De Viana y Wikimedia Venezuela. A pesar de ser liberado, Costero se encontró con restricciones a su libre tránsito y una continua negación a sus derechos fundamentales.
El 11 de noviembre de 2022, los abogados de Espacio Público trataron de acceder al expediente del caso, pero se enfrentaron a obstáculos por parte de las autoridades judiciales. Las irregularidades en el caso se acumularon, incluyendo la falta de información sobre los cargos específicos y el rechazo de una solicitud de amparo presentada en enero de 2023.
A pesar de la decisión judicial que alegaba que no se había cometido ningún acto lesivo contra Costero, es evidente que sus derechos al debido proceso, la libertad de asociación, la libre expresión y el libre tránsito fueron violados. Estos eventos son una muestra clara de la persecución judicial contra Costero y De Viana.
La defensa de Óscar Costero ha exigido repetidamente acceso completo al expediente del caso, enfatizando que sus derechos ya han sido gravemente vulnerados. La libertad de asociación y expresión son esenciales para una sociedad democrática y para el progreso de la misma. Se insta al Estado venezolano a respetar y garantizar estos derechos fundamentales, en línea con sus compromisos internacionales.
Controversia en WikipediaLa tensión surgió a raíz de un conflicto editorial sobre el perfil biográfico de Juan Guaidó en Wikipedia. Los editores no lograron llegar a un consenso sobre si Guaidó debería ser reconocido como presidente de Venezuela. Esta "guerra de edición" llevó al gobierno a bloquear temporalmente el acceso a Wikipedia en el país. Aunque Wikimedia Venezuela solicitó claridad sobre las razones del bloqueo, el acceso se restableció una semana después sin una explicación oficial.
Detención y Violación al Debido ProcesoEn octubre de 2022, Oscar Costero fue detenido de manera arbitraria cuando intentaba renovar su pasaporte. Durante su detención, fue interrogado sobre su vida personal, finanzas y su relación con Wikimedia y Santiago De Viana. Este acto fue denunciado por la ONG Espacio Público, que consideró la detención una violación del debido proceso. También se alega que Costero fue acusado sin fundamentos de legitimación de capitales e instigación al odio.
Campaña de difamaciónDe Viana fue particularmente susceptible a la difamación debido a un pseudónimo que utilizaba en Wikipedia, que estaba estrechamente ligado a su nombre real. A partir de ello, se lanzó una campaña de difamación en blogs anónimos, donde fue etiquetado como un "extorsionador de Wikipedia". Estos informes no verificados también vinculaban a los editores con actividades de narcotráfico.
Repercusión y respuestaLa ONG Espacio Público ha defendido activamente los derechos de Oscar Costero, exigiendo transparencia y acceso al expediente del caso. La organización subraya la importancia de la libertad de expresión y asociación, y destaca cómo son esenciales para la existencia de una sociedad democrática.
El caso de Costero y De Viana ilustra la precaria situación de la libertad de expresión en ciertas regiones y resalta los desafíos que enfrentan aquellos que contribuyen a la difusión de información libre y objetiva.
El proyecto aprobado en su primera discusión en la Asamblea en abril de 2024, busca complementar la Ley de los Partidos Políticos y la Ley Contra el Odio por la Convivencia y la Tranquilidad Pública, para que sea el escudo protector de la paz y la estabilidad pero también busca apagar la protesta y la disidencia en la política de Venezuela a través de las redes del internet bajo el pretexto del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. La ley tiene 30 artículos y señala que tiene por objeto a partir de su aprobación, prohibirá ciertos mensajes, por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el Gobierno que se han hecho virales.
Venezuela tiene dentro de espectro radial unas 699 emisoras a nivel nacional que se asegura que entre 2002 y 2022 se han cerrado 233 estaciones de radio, la historia ha remarcado al año 2022 como el año que más empresas radiales fueron clausurados por parte del gobierno. Inicialmente se conoció Radiocidio en Venezuela a la intervención estatal de 32 emisoras de radio y 2 de televisión ocurrida el 1 de agosto de 2009. Esta medida fue ordenada por el entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello. Este hecho fue recibido como un acto de censura por diversas organizaciones no gubernamentales, gremios, y organismos internacionales.
En el año 2017 según el Colegio Nacional de Periodistas denunció su secretario general, Edgar Cárdenas, hizo referencia que cerraron 55 emisoras de radio.
En abril de 2019 Conatel interviene RCR
El 20 de abril de 2021 tres radio-emisoras son cerradas en menos un mes, Radio Selecta 102.7FM en Machiques, Aragua Mágica 88.1 FM y la última Radio Rumbos 670 AM en Vargas
En los siete primeros meses de 2022, Conatel ha clausurado 12 emisoras de radio. Las medidas del organismo, han recaído sobre Éxitos 90.5 FM y Calle 98.5 FM, en el estado Guárico, Activa 89.3 FM, en Anzoátegui; Topacio 101.5 FM, en Barinas; Triunfo 99.3 FM en Portuguesa y Mix 98.3 FM, en el estado Yaracuy.
El 16 de octubre de 2022 colegio de periodistas denunció que han sido cerradas 46 emisoras de radio en los cuatro últimos meses en siete estados. Tres nuevas emisoras fueron cerradas en el estado Yaracuy. Zulia (19), Cojedes(14), Sucre(4), Yaracuy(3), Portuguesa(2), Carabobo(2), Guárico(2) y Barinas(2)
En octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado que el régimen ha cerrado unas 79 emisoras de radio en 16 estados durante el año 2022 En el estado Falcón fueron cerradas diez emisoras. Anteriormente en noviembre de 2019, el circuito radial Jet 93.5 fue clausurado y decomisados los equipos. En el estado Sucre son siete las emisoras cerradas. El 22 de octubre fueron cerradas ocho emisoras en el estado Táchira por órdenes de Conatel, bajo el argumento de no habilitación”
En noviembre el Sindicato de Prensa denunció el cierre de cinco radioemisoras en Cabimas y Ciudad Ojeda continuando con la censura en Venezuela Conatel cierra dos emisoras de radio La Cordillera 104.7 FM y Máxima 103.9 FM en el estado Mérida. Conatel deja pasar las solicitudes del trámite de renovación de las licencias y ese es uno de sus argumentos para el cierre.
En marzo de 2023 Conatel cerró dos emisoras en el estado Portuguesa Radio Chabasquen 106.7 FM emisora estaba bajo la concesión de la Alcaldía local y cerró también Biscucuy Stereo 88.7 FM, en el municipio José Vicente de Unda. La ONG Espacio Público, detalló que al menos 284 emisoras de radio han sido cerradas a nivel nacional entre 2003 a 2022, En noviembre Conatel cerró la emisora Super Stereo 94.5 FM al haber fallecido el dueño Frank Villasmil, presidente y director de la emisora durante más de dos décadas, titular de la concesión otorgada por Conatel que operaba en Coro, estado Falcón. Según el artículo 10 de la Providencia Administrativa Nº 785 de Conatel establece que puede sentenciarse la extinción de la concesión por, entre otras causas, la muerte del titular.
En febrero cerraron tres emisoras en Ciudad Ojeda. Las emisoras afectadas fueron Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM luego de una «revisión técnica administrativa» por parte de Conatel, también en el estado Falcón se ordenó la salida del aire del programa institucional «Alcaldía al Día», transmitido durante dos años por La Kalle 89.9 FM.
Por otro lado en Trujillo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el cierre de la emisora radial Ecos del Páramo 100.3 FM. ubicada en la población de Tuñame, ordenada por el gobernador del estado Trujillo por no transmitir su programa radial. «Esa emisora es del Partido y es de la revolución. Yo quiero esa emisora aquí transmitiendo el programa. Yo ordené hace un mes que se interviniera porque es del Partido Socialista Unidos de Venezuela y la quiero transmitiendo el programa. El mundo al revés», afirmó.
En abril cierran la emisora de radio Cristal por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) quien ordenó el cierre de la emisora regional de Lara que se mantuvo operativa durante 60 años.
El 18 de mayo el gobierno suspende la trasmisión de la emisora Éxitos 93.1 en el estado Aragua para no trasmitir una entrevista al candidato Edmundo González Urrutia.
La Constitución de Venezuela protege la libertad de expresión y la libertad de prensa, estableciendo que la comunicación es libre y plural. Concretamente, el artículo 57 determina que:
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.El 8 de noviembre de 2017 la Asamblea Constituyente aprobó la controversial Ley contra el Odio en su artículo 21 establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación porque la ley "establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión".