Gustavo Gorriti

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Gustavo Gorriti

Gorriti en 2014
Información personal
Nombre de nacimiento Gustavo Gorriti Ellenbogen
Nacimiento 4 de febrero de 1948 (76 años)
Lima, Perú
Nacionalidad Peruana
Familia
Cónyuge Esther Mercedes Delgado Bedoya
Hijos 3
Educación
Educado en

Colegio San Andrés

Harvard University
Información profesional
Ocupación Escritor, periodista
Lengua literaria español
Obras notables
Miembro de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Distinciones Premio CPJ International Press Freedom (1998)
Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, categoría Homenaje (2010)

Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen (Lima, 4 de febrero de 1948) es un periodista, columnista y escritor peruano, conocido por sus reportajes sobre grupos subversivos, corrupción gubernamental y narcotráfico. En 2011, el European Journalism Centre le describió como «el periodista peruano más premiado».​ Es fundador del portal digital IDL-Reporteros.

Gorriti colaboró, a través de IDL-Reporteros, en la investigación de los casos Odebrecht y Lava Juez, en los que se han visto implicados varios políticos y funcionarios peruanos.​

En 2024, varios diarios como El País y The New York Times afirmaron que el periodista es víctima de una campaña de desprestigio sin precedentes por miembros de la derecha peruana.​​

Carrera periodística

Inicios en Perú

Gustavo Gorriti inició su carrera en 1981 en la revista peruana Caretas. Su trabajo se centró en el conflicto peruano instigado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.​ Su amplia cobertura de este conflicto le catapultó a la fama en la esfera periodística durante la década de 1980.​

Además de su labor periodística, Gorriti fue autor de un extenso libro en tres volúmenes titulado Sendero: Historia de la guerra milenaria en Perú. Esta obra, publicada en 1990, era una exploración detallada de la organización Sendero Luminoso, realizada durante su estancia en la Universidad de Harvard.​

En 1992, todavía en Caretas, Gorriti informó sobre las supuestas conexiones entre el gobierno y los narcotraficantes, con especial atención a Vladimiro Montesinos, mano derecha del presidente Alberto Fujimori.​ Tras las revelaciones de estos artículos, un comando del ejército peruano entró por la fuerza en su domicilio y lo secuestró durante la crisis constitucional peruana de 1992.​ Esta crisis estuvo marcada por la disolución del Congreso por Fujimori y la detención de varias figuras de la oposición.​

En la madrugada del 6 de abril de 1992, tras el autogolpe de Fujimori, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) llegaron a la residencia de Gorriti, identificándose falsamente como la Policía Nacional del Perú. Armados, exigieron el ordenador de Gorriti e insistieron en que les acompañara. Anticipándose a su detención, Gorriti alertó a sus colegas periodistas. Tras despedirse de su mujer y sus hijas, le trasladaron al Cuartel General del Ejército del Perú.​

La esposa de Gorriti, Esther Delgado Bedoya, se comunicó rápidamente con periodistas y organizaciones no gubernamentales sobre el incidente. El embajador español Nabor García, la embajada de Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos se pusieron en contacto con el gobierno de Fujimori para conocer el paradero de Gorriti.​ Bedoya, que había presenciado el secuestro, ejecutó un plan preestablecido, poniéndose en contacto con organizaciones internacionales de prensa y con el gobierno de Estados Unidos.​

La rápida presión internacional dio lugar al traslado de Gorriti a un centro de detención oficial al día siguiente,​ una medida que, según Gorriti y su familia, probablemente le salvó la vida.​ Fue liberado el 8 de abril, dos días después del secuestro.

En 2009, un tribunal peruano condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ordenar el secuestro de Gorriti, entre otros abusos contra los derechos humanos.​ Vladimiro Montesinos, el hombre implicado en los artículos de Gorriti, fue condenado a 17 años de prisión por el secuestro en noviembre de 2021.​

Exilio en EE. UU. y Panamá

Tras su liberación, Gorriti abandonó Perú.​ Trabajó durante un tiempo en Estados Unidos, primero como becario en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, en Washington D. C., y en el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida.​ Gorriti se trasladó a Panamá en 1996, donde trabajó para La Prensa. Volvió a escribir sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno y narcotraficantes, y de nuevo fue objeto de amenazas.​

Ese año denunció que un banco que había quebrado recientemente había estado blanqueando dinero para el cártel colombiano de Cali. También denunció que algunos de los nombramientos del presidente Ernesto Pérez Balladares estaban guiados por el nepotismo, y en 1997 se hizo especialmente conocido por denunciar que un agente del cártel había aportado 51 000 dólares a la campaña presidencial de Pérez Balladares. Cuando expiró su visado de trabajo, el gobierno panameño se negó a renovarlo, lo que desencadenó una tormenta de críticas por parte de ONG de prensa internacionales y partidos de la oposición nacional.​​ Gorriti se refugió en las oficinas de La Prensa, y el diario consiguió retrasar su expulsión gracias a un aplazamiento concedido por el Tribunal Supremo panameño.​

El editor y director de La Prensa, I. Roberto Eisenmann Jr., informó de que el periódico había descubierto que el gabinete panameño había recibido noticias de una amenaza de muerte contra Gorriti; en lugar de transmitir la amenaza, el gobierno había decidido expulsar a Gorriti para preservar la imagen de la nación.​ Americas Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitieron declaraciones en apoyo de Gorriti, al igual que el novelista británico John le Carré y el novelista peruano Mario Vargas Llosa.​ Estados Unidos presionó a Panamá en favor de Gorriti, y el caso se incluyó en el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El gobierno panameño cedió y posteriormente se renovó el visado de Gorriti.

El gobierno presentó entonces cargos penales por difamación contra Gorriti en virtud de la ley mordaza, que conlleva una pena máxima de seis años de prisión.​

En 1999 se presentó una segunda acusación contra Gorriti y otros tres periodistas de La Prensa por un artículo en el que informaba de que un narcotraficante había hecho donaciones a la campaña del Procurador General José Antonio Sossa, siendo el propio Sossa quien supervisaba la investigación.​ Finalmente, en 2000,​ la policía rodeó su casa en el marco de una investigación sobre casos de corrupción de autoridades panameñas.​ Además, el Sindicato de Periodistas de ese país le declaró persona non grata.​ Como consecuencia de ello, abandonó el país.​

En marzo de 2001, el exministro de Asuntos Exteriores de Pérez Balladares, Ricardo Alberto Arias, destituyó a Gorriti y fue elegido nuevo presidente de La Prensa por mayoría de los accionistas. El Comité para la Protección de los Periodistas, que había concedido a Gorriti el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su trabajo en el diario,​ calificó la elección, y las dimisiones y degradaciones de personal de investigación que siguieron, de «golpe de directorio» que dejó «al otrora aguerrido diario como una sombra de lo que fue».​

Regreso a Perú

En 2005, fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una sociedad de periodistas independientes que defiende las libertades informativas y promueva el periodismo de investigación.​ Además de asumir la dirección periodística de 90 segundos,​ también dirigió y condujo su programa periodístico Periodistas en Frecuencia Latina.​​ Años después, dirige IDL-Reporteros, una unidad de investigación periodística dentro del Instituto de Defensa Legal, organización no gubernamental.

Premios y reconocimientos

Gorriti en 2019.

En 1986, Gorriti recibió la beca Nieman de la Universidad de Harvard, que se concede a periodistas a mitad de carrera.​ En 1992 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el galardón de periodismo más antiguo del mundo, por «el avance de la libertad de prensa y el entendimiento interamericano».​

En 1998, ganó el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, que honra a los periodistas que demuestran valor en la defensa de la libertad de prensa a pesar de enfrentarse a ataques, amenazas o encarcelamientos.​

Reacciones

Pocos periodistas han destapado las irregularidades gubernamentales en América Latina como Gustavo Gorriti. El periodista peruano ha destapado algunos de los mayores escándalos de corrupción del hemisferio, y ha sufrido las consecuencias. Miembros de derechas del Congreso, destacados políticos y un programa de noticias de televisión de extrema derecha se han fijado en Gorriti, contribuyendo a alimentar una campaña de desinformación.—Samantha Schmidt, en The Washington Post​

Gustavo Gorriti fue objeto de críticas y ataques mayoritariamente políticos por parte de colectivos radicales y políticos, algunos de ellos vinculados al fujimorismo y afines ultraconservadores.​ El periodista había señalado que después de investigar la Operación Autolavado, había sido objeto de una campaña mediática cuando IDL-Reporteros no contaba con una presencia significativa en las redes sociales.​

La congresista Susel Paredes manifestó que estos grupos habían atribuido al periodista investigativo como un líder de la denominada «caviarada», un término despectivo empleado para referirse a personas de ideología progresista.​ Según Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, se reportaron siete campañas de desinformación hacia Gorriti entre 2023 y 2024, al vincularlo con organizaciones como Odebrecht y Movadef.​

El colectivo La Resistencia realizó manifestaciones continuas contra el periodista, en que realizó ataques verbales en su casa como en IDL-Reporteros.​​ Como respuesta a los ataques, Gorriti formalizó una denuncia a este y a otros grupos como La Insurgencia, Los Combatientes y Los Patriotas.​​ Para finales de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del periodista.​

En enero de 2024, la justicia peruana consiguió una sentencia contra Jenny Zúñiga Mourao, una de las figuras de los colectivos radicales, por difamación, luego de revisar que difamó a Gorriti por supuestamente haber cometido delitos vinculados al terrorismo, fraude fiscal, corrupción, entre otros, sin afirmar alguna evidencia.​ Sin embargo, en marzo de 2024, el abogado Carlos Rivera Paz denunció a otros dos integrantes de La Insurgencia por acosar al periodista y recurrir apodos ofensivos como «Gonorriti».​

En 2019, Gorriti también denunció a Miklós Lukács, exvocero de la organización Con mis hijos no te metas, también vinculado al ultraconservadurismo, tras la publicación de una serie de tuits que lo atribuyó como integrante de una «organización criminal».​

Acusaciones a Gorriti por medios de comunicación desde declaraciones de Jaime Villanueva

Véase también: Escándalo de corrupción en el Ministerio Público del Perú

Según el informe de 2023 de la Asociación Nacional de Periodistas, diversos medios de comunicación, entre ellos Expreso y Willax Televisión, y el colectivo La Resistencia emprendieron una campaña de descrédito contra la labor periodística de Gustavo Gorriti, que supuestamente perjudicó a políticos de derecha. El informe detalla que ambos medios de comunicación pretendieron que Gorriti fuera sujeto de investigación por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.​

Durante las investigaciones por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, los medios tomaron las palabras de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, sobre la participación de Gorriti en el contexto del escándalo en el Ministerio Público. Willax, en particular, fue acusada por fomentar la hostilidad mediática hacia Gorriti y la organización IDL, a la que pertenece. Este medio resaltó la palabra «corrupción» en sus noticias sin llevar sus respectivas corroboraciones.​ Las acusaciones de hostilidad se evidenciaron cuando grupos de extrema derecha habían tenido vínculos con Erasmo Wong, propietario del canal de televisión.​

Ante las declaraciones de Villanueva, Gorriti afirmó, en una entrevista realizada por Rosa María Palacios, que dichas declaraciones eran parte de una «campaña de desinformación» en su contra.​ Además, manifestó que Villanueva era su fuente periodística para la elaboración de sus informes.​

Paralelamente, los medios también usaron las declaraciones de Villanueva para afirmar que el periodista solo realizaba investigaciones hacia Alan García y Keiko Fujimori, ignorando las diligencias llevadas a cabo en torno a otros políticos, como Alejandro Toledo.​ Organizaciones profesionales como el National Press Club expresaron su preocupación por sus implicancias legales hacia el periodista e impedir su derecho a investigar.​​

Supuesta influencia en la muerte de Alan García

Tras la muerte de Alan García en 2019, Gorriti fue señalado como responsable de tal acción, siendo Héctor Becerril uno de los que le señalaban de estar implicado. Esta idea también fue compartida en las redes sociales de usuarios afines al Partido Aprista Peruano.​

En 2024, según declaró Jaime Villanueva, Gorriti se reunió con Rafael Vela para intercambiar información confidencial para «cercar a García».​ Esto llevó a que dirigentes y militantes apristas acusaran a Gorriti de ser responsable de la muerte de García al inducirlo al suicidio a través de una presunta campaña mediática.​ Sin embargo, esas afirmaciones fueron contradictorias, ya que Carla García confirmó que su padre ya había decidido suicidarse de antemano.​​

Presuntas intervenciones en investigaciones a Keiko Fujimori y otros funcionarios

De acuerdo a las declaraciones de Villanueva, Gorriti habría intervenido en las investigaciones hacia altos funcionarios. Según el exasesor, Gorriti presuntamente presionó al por entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry para que creara el Equipo Especial Lavajato. Según Villanueva, Gorriti le llamó para que le comunicara a Chávarry que si no creaba el Equipo Especial, «él iba a hacer pública esa carta de José Domingo Pérez».​

En otras declaraciones de Villanueva, éste relató que, tras una reunión entre Gorriti y José Domingo Pérez, se acordó realizar una campaña de victimización en la cual Domingo Pérez diría a los medios que alguien había forzado la puerta de su casa.​​ En otras declaraciones de Villanueva, éste relató que Gorriti fue quien «exigió que se contrate» al fiscal Stefan Lenz.​

Otra explicación de Villanueva afirmó que Gorriti habría «dirigido» (influenciado) las labores investigativas de Domingo Pérez y Rafael Vela con respecto al Caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori.​ Además, mencionó que, entre los años 2017 y 2018, Gorriti «indicaba a quiénes se debía investigar, qué interrogatorios formular y dónde obtener la información».​

La periodista chilena Mónica González Mujica denunció en 2024 que facciones del fujimorismo acusaron a Gorriti junto a fiscales al malinterpretar las declaraciones de Villanueva y evitar continuar la investigación hacia Fujimori.​

Publicaciones

Referencias

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  61. ↑ CORREO, NOTICIAS (14 de febrero de 2024). «Jaime Villanueva: Exasesor de Patricia Benavides implica a los periodistas Romina Mella y Gustavo Gorriti | POLITICA». Correo. Consultado el 15 de febrero de 2024. 
  62. ↑ González Mujica, Mónica (25 de febrero de 2024). «Perú frente a la arremetida frontal del poder corrupto y autoritario». La Encerrona. Consultado el 2 de marzo de 2024. «Tampoco es casualidad que la principal acusación contra los fiscales y el periodista Gorriti, director y fundador de IDL-Reporteros, la ejecute el fujimorismo. Keiko Fujimori, su líder – aunque en estos días ha vuelto a tomar el timón de su partido el padre y expresidente de ese país, Alberto Fujimori- arriesga hasta 30 años de cárcel en el juicio oral del Caso Lava Jato. Aquí es donde ahora entra en escena, nuevamente, la mano de Keiko Fujimori. Involucra en sus acusaciones contra los fiscales que han llevado por años la investigación del Caso Lava Jato, al periodista Gustavo Gorriti. Acusando reuniones secretas de los fiscales Vela y Pérez con Gorriti, la abogada de Keiko Fujimori pide la destitución de ambos fiscales». 

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